La tramitación parlamentaria del proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley 9/2026, de medidas urgentes en materia de transporte ha reabierto el debate sobre el sistema de revisión automática del precio del transporte por carretera vinculado a la evolución del combustible, enfrentado, una vez más, a transportistas y sus clientes cargadores.
Por un lado, asociaciones en representación de los cargadores, han planteado la conveniencia de introducir modificaciones en la regulación actual para que el mecanismo refleje con mayor precisión los costes reales del gasóleo, reduzca la carga administrativa y mantenga el equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena logística.
Lo que vienen a decir estas organizaciones representativas de los clientes de los transportistas es que la metodología vigente puede generar, en determinados supuestos, diferencias entre el aumento efectivo del coste del gasóleo y la cuantía repercutida al cargador.
Además, señalan que la aplicación automática de la revisión en cada periodo de facturación de los contratos continuados incrementa la complejidad administrativa y dificulta la estabilidad de las relaciones comerciales.
La propuesta de los cargadores ha encontrado una respuesta contundente por parte de las asociaciones de transportistas: que han rechazado que la cláusula de revisión del precio del transporte “genere complejidad o inestabilidad en las relaciones comerciales. Indican que el sistema actual establece “un mecanismo objetivo, automático y conocido por las partes, evitando tener que renegociar las tarifas cada vez que varía el precio del combustible y aportando mayor seguridad jurídica».
El carácter obligatorio de la cláusula ha contribuido a corregir parcialmente la posición de “desequilibrio existente históricamente en la negociación entre cargadores y transportistas, permitiendo que estos últimos puedan repercutir un coste sobre el que no tienen capacidad de control»
El debate sobre posibles modificaciones continuará ahora durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, en la que cargadores y transportistas defenderán posiciones distintas sobre el alcance de la futura regulación.