Portugal rechaza las solicitudes de devolución del IVA de los peajes soportados por los transportistas españoles, porque solicita que le presenten las facturas directas emitidas por las concesionarias de las autopistas de peaje, en lugar de solo los tickets como se ha venido haciendo siempre.
La Administración portuguesa está poniendo en práctica una serie de trabas burocráticas imposibles de realizar para los transportistas españoles, lo que les impide solicitar la devolución del IVA de los peajes portugueses.
Esta práctica, está suponiendo «un atropello que vulnera gravemente los derechos económicos de las empresas de transporte».
Tras una consulta vinculante practicada a la Comisión Europea para conocer la legalidad de esta práctica, la respuesta de la Comisión no ha dejado lugar a dudas: el criterio fiscal portugués para exigir facturas en lugar de los tickets no tiene ninguna justificación. Y, aunque la Directiva europea 2008/9/CE reguladora del IVA intracomunitario, establece la presentación de facturas para poder solicitar su devolución, sin embargo, «la exigencia de una factura emitida por la concesionaria es del todo desproporcionada cuando el solicitante acredita la operación mediante los documentos del intermediario de telepeaje.»
La respuesta de la Comisión Europea destaca dos principios fundamentales que hay que aplicar en este caso:
a) La imposibilidad jurídica que es solicitar una factura emitida por un tercero con el que el transportista no mantiene ninguna relación contractual, por lo que obtener este documento depende de la voluntad de la concesionaria.
b) Denegar la devolución del IVA soportado, cuando el transportista acredita su pago con los justificantes emitidos por el teleoperador con el que ha contratado los dispositivos y pago de los peajes portugueses, «vulnera frontalmente los principios de neutralidad del IVA y de proporcionalidad reconocidos en la legislación europea.
Por lo comentado anteriormente, alguna federación tiene intención de poner en marcha «un procedimiento de infracción ante las autoridades fiscales de Portugal, con el objetivo de revertir de inmediato este grave daño a los transportistas españoles absolutamente ilegal».